El Ministerio del Interior de Nicaragua ha ordenado la cancelación de la personalidad jurídica de Radio María, una emisora católica, junto con otras 11 organizaciones no gubernamentales. Esta decisión implica la incautación de sus bienes por parte del Estado, una acción que se suma a la clausura de cientos de asociaciones civiles y religiosas en el país.
Justificación del Gobierno
Según la resolución publicada en el diario oficial La Gaceta, la cancelación de la inscripción de Radio María se debe a que la emisora no presentó estados financieros entre 2019 y 2023. La misma medida afecta a otras organizaciones, incluidas tres asociaciones evangélicas, una ganadera, deportivas y comerciales, todas acusadas de no cumplir con sus obligaciones de reportar estados financieros o detallar sus donaciones durante varios años.
Contexto y Reacciones
Medios de prensa nicaragüenses en el exilio, como Confidencial, informaron previamente que los directivos de Radio María denunciaron el bloqueo y congelamiento de sus cuentas bancarias sin justificación, lo que les obligó a reducir su horario de transmisión. Este acto se enmarca en el endurecimiento de las leyes sobre asociaciones civiles y ONGs en Nicaragua, una tendencia que se ha intensificado desde las protestas contra el gobierno del presidente Daniel Ortega en 2018.
Repercusiones de las Protestas de 2018
Las protestas de 2018, que la ONU estima dejaron más de 300 muertos en tres meses, fueron consideradas por Ortega como un intento de golpe de Estado promovido por Washington. El gobierno sostiene que algunas ONGs financiaron estas protestas y que la Iglesia Católica brindó su respaldo. Desde entonces, decenas de sacerdotes han sido detenidos y forzados al exilio, y una reconocida universidad jesuita ha sido incautada.
La Situación de las ONGs en Nicaragua
El cierre de Radio María y las otras organizaciones se da en un contexto donde el gobierno de Ortega ha clausurado aproximadamente 3,600 ONGs desde 2018. Este ambiente de represión legal ha afectado gravemente a las asociaciones civiles en el país, limitando sus operaciones y capacidades de apoyo a la comunidad.
Implicaciones Futuras
La cancelación de estas organizaciones y la incautación de sus bienes reflejan el creciente control del gobierno de Ortega sobre las actividades civiles y religiosas en Nicaragua. Este tipo de acciones generan preocupación tanto a nivel nacional como internacional sobre el respeto a las libertades civiles y los derechos humanos en el país.
